Este miércoles volverá a reunirse el Consejo del Salario y aunque es improbable, todos sus partícipes debieran llegar a ese encuentro bajo una misma premisa: El salario mínimo no puede ser una herramienta de ajuste en la Argentina.
Se trata de una variable que, por presión empresaria, decisión del Gobierno y complacencia de un sector sindical que perdió toda conciencia sobre el verdadero valor de la fuerza de trabajo, ha sido recurrentemente utilizada para asegurar la caída del salario real, además de condiciones de pobreza e indigencia para una importante porción de la población.
En la actualidad, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de 33.000 pesos es sólo un tercio del que debería ser de acuerdo a toda la normativa vigente en nuestro país. La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, nos garantiza a todos el derecho a una retribución justa, concepto presente en la Ley Contrato de Trabajo, al considerar que la misma debe asegurar una alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.
Es el piso de todas las remuneraciones y en este momento se encuentra por debajo de la línea de indigencia. Según el último informe del INDEC, una familia necesitó 78.624 pesos para no ser pobre y 34.334 para no caer en la indigencia. Hemos naturalizado ser explotados por menos dinero del que la ley vigente en este sistema capitalista en el que vivimos dice que tiene que ser.
¿Cómo el salario mínimo podría cubrir todas estas necesidades? Está claro que con ese tercio los trabajadores tienen que elegir qué hacer. ¿Se alimentan de manera adecuada? ¿Se visten dignamente? ¿Envían a sus hijos a la escuela? ¿Se van de vacaciones? ¿Ahorran? Porque todo a la vez no van a poder.
El debate del Consejo del Salario cobra mayor relevancia aún si advertimos que de éste dependen, además de los trabajadores, más de 1.100.000 beneficiarios de programas sociales como el Potenciar Trabajo o Acompañar, que verán incrementados sus montos mensuales en el porcentaje que finalmente se acuerde.
Este órgano también se debe una reforma normativa a los efectos de ampliar el universo de trabajadores alcanzados, debiendo incluir a los estatales provinciales y municipales que no se encuentren bajo convenio y cuyos ingresos sean menores, a los rurales, de casas particulares y tareas de cuidado, entre otros.
Las patronales desalientan e impiden cualquier tipo de recuperación del Salario Mínimo porque temen que influya sobre el resto de las paritarias. Y el Gobierno, aunque sabiéndonos a los trabajadores los únicos generadores de riqueza, se han negado sistemáticamente a defendernos de los inescrupulosos intereses empresarios. Estos son nuestros principales escollos a superar.
Llegó la hora de que el salario mínimo deje de ser una herramienta de ajuste y de generar pobreza e indigencia en la Argentina. Dudo que podamos lograrlo sin lucha y movilización.
Por Rodolfo Aguiar, secretario general de la CTA Autónoma Rio Negro
