La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma se refirió al programa Registradas que lanzó el Gobierno Nacional dirigido al sector de empleadas domésticas para que puedan ser registradas y tener el acceso a un empleo formal. La iniciativa contempla que el Estado se haga cargo durante seis meses de entre el 30% y el 50% del salario de las nuevas trabajadoras, y que el dinero se transfiera directamente a cuentas a su nombre, en el Banco Nación. Si bien el anuncio suena muy bien, desde la central obrera lamentaron que no se haya realizado una convocatoria ampliada que incluya a todos los gremios involucrados en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).
“Realmente si hay una comisión de casas particulares constituida hace ya diez años no entendemos porque no nos consultan y nos hacen participar en conjunto”, señaló Sonia Kopprio, secretaria general del SIPESEDO y secretaria adjunta de la CTA Autónoma y destacó: “En parte lo veo positivo, porque hay compañeras que están hace diez años trabajando para alguna familia y nunca les hicieron un aporte. Esto permitiría que sean registradas, pero los empleadores no les van a reconocer ni aportar los años sin registrar, y las compañeras no pueden perder esos años”.
En este sentido, la dirigente pone de ejemplo la antigüedad. Cuando se acordó que se empezara a pagar este ítem se suponía que fuera retroactivo a 2013, sin embargo se contabilizó a partir de este año. “Siempre este es el sector que tiene que poner el hombro y ahora la ayuda llega para el empleador. A mí ya me llegaron muchas consultas, porque las empleadoras dicen que van a hacer el trámite ¿y qué pasa con todo el tiempo que ya se trabajó? Se pierde. Las trabajadoras están cansadas de reclamar que se les hagan los aportes y que no haya ningún tipo de control”.
Por eso considera que hubiera sido fundamental que sean convocadas para discutir todos estos detalles. “Estamos desilusionadas, siendo seis gremios los que conformamos la comisión, llaman a uno se sacan la foto y el resto nos enteramos después”.
Las dudas son muchas: qué sueldo va a declarar la parte empleadora, qué pasará después de los seis meses, qué pasa con la antigüedad. “Hay muchas cosas que no cierran y para eso tenemos que trabajar en conjunto, para poder dar luego un asesoramiento a las trabajadoras”. También señaló que con esto se incrementarán los aportes a la obra social, sin embargo las empleadas no tienen cobertura en ningún lado y carecen de cualquier tipo de prestación. “Necesitamos que realmente se hagan convenios en cada provincia con las diferentes prestaciones para que las compañeras tenga atención. Hoy por hoy, aun las que pagan el aporte no tienen atención médica. No hay nada, no hay a dónde ir”.
Es por esto que Sonia adelantó que ya están elaborando una nota que será presentada para ser convocadas por este tema y por el sueldo mínimo vital y móvil que necesita ser actualizado en lo inmediato. “La inflación ya nos consumió los dos aumentos, no llegamos a cubrir ni la canasta básica familiar y estamos por debajo del índice de pobreza”, completó.