La CTA Autónoma de Río Negro repudió la elevación a juicio contra el secretario general de ATE y la CTA Autónoma de Córdoba, Federico Giuliani, en la causa que investiga su participación en la Marcha contra el Hambre realizada el pasado 5 de abril, acusándolo -junto a otros dirigentes sociales- como “coautores de los delitos de Desobediencia a la Autoridad e Impedimento u Obstrucción de Transporte o Servicios Públicos en concurso material”.
La elevación fue solicitada por el Fiscal de Instrucción Distrito 4 Turno 1 de Córdoba, Ernesto de Aragón. Junto a Giuliani, fueron citados a juicio Emanuel Berardo, Soledad Cristina Díaz García, Marisa Viviana Cariddi, Agustín Nazar y Roxana Alejandra Carezano.
En un claro ejercicio de la remanida máxima de actuar como juez y parte, el Fiscal de Aragón citó como principales testigos a los policías entrenados para reprimir piquetes, recurrentes protagonistas de casos de “gatillo fácil”.
Además, Aragón incorporó a la investigación un informe de ‘Fuentes Abiertas’ confeccionado por la Dirección General de Investigaciones Criminales (DAIC), División de Análisis e Investigación en las Comunicaciones relevando los movimientos de las redes sociales de los movimientos sociales involucrados y los informes elaborados por la Dirección de Investigación Operativa de la Policía Judicial (DIO) analizando las publicaciones de prensa de las agrupaciones y de los medios de comunicación, el lugar que ocupan en la estructura de las organizaciones y gremios cada uno de los imputados.
Para la CTA Autónoma, el espionaje a las organizaciones sociales y sindicales expresa una tarea de inteligencia interior para sofocar el conflicto social que atenta directamente contra el estado de Derecho.