La Central Obrera se posicionó frente a la adjudicación de hasta 625.000 hectáreas de tierras fiscales a la empresa Fortescue para la explotación del recurso
La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma demandó consultar con las comunidades originarias que habitan el territorio, antes de otorgar las tierras a la empresa Fortescue para la producción de Hidrógeno Verde, como se prevé en el proyecto de Ley 253/2022 que la Legislatura tratará este miércoles. Se trata de hasta 625.000 hectáreas de tierras fiscales que en su mayoría están ocupadas por comunidades indígenas y pobladores dispersos mapuche-tehuelche.
“El gobierno se expone a que uno de sus proyectos más embanderados pueda verse frenado a partir de cuestionamientos legales”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de la CTA Autónoma de Río Negro y Adjunto de ATE Nacional. “No es posible llevar adelante un proyecto de tamaña envergadura sin la previa consulta a las comunidades originarias que habitan el territorio. Si la legislatura avanza sin agotar esa instancia, estará sancionando una norma pasible de ser declarada inconstitucional”, continuó el dirigente y sostuvo que “el informe de evaluación de impacto social, cultural y ambiental también es un eje clave que el ejecutivo debiera tener en cuenta, así como todas las leyes que amparan a la población frente a estas iniciativas”.
En este sentido, la central obrera acompaña el texto presentado por las comunidades indígenas de la zona Atlántica a la Legislatura Rionegrina donde se recuerda que los territorios ancestrales que ocupan las comunidades indígenas son territorios indígenas. Asimismo, se deja en evidencia que en el proyecto que tratará la Legislatura no se incluye la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 17, ni el convenio 169 de la OIT y su ratificación a través de la ley nacional 24.051 que fuera ratificada por la Legislatura de Río Negro. Así tampoco la Ley integral del Indígena 2287.
Al no incluirse este marco legal, se violan derechos colectivos de las comunidades y pobladores dispersos, no se tiene en cuenta el consentimiento previo, libre e informado antes que iniciativa privada impulsada por el Estado y tampoco se contempla el plan de manejo del área natural protegida “Meseta de Somuncurá” de la cual las comunidades indígenas de la zona aún no tienen participación por desidia de todos los gobiernos provinciales en democracia.
De esta manera, para la CTA Autónoma es central que en el proyecto se incluya la participación indígena cómo así también el informe de evaluación de impacto social, cultural y ambiental.
