La resolución del Ejecutivo expresa una connivencia entre el poder económico y político, sostiene la central de trabajadores
La CTA Autónoma de Río Negro expresó su profunda preocupación por la habilitación que otorgó el Ejecutivo provincial a la empresa Laderas de Perito Moreno SA a través de la Resolución 16/21, para desarrollar en el cerro Perito Moreno de El Bolsón un complejo comercial que amenaza con afectar los recursos naturales de la zona.
El gobierno rionegrino encabezado por Arabela Carreras decidió desconocer la vigencia de una “orden de no innovar” y aprobó el cambio de uso de suelo a favor del empresario Maximiliano Mazza (Laderas SA), para el desarrollo sobre 287 hectáreas de bosque nativo protegido por ley nacional de una villa de esquí comercial y otra residencial. Donde pretenden desarrollar el negocio, se encuentran las vertientes de agua del mallín ahogado hasta ahora protegidas por la medida judicial.
Para los pobladores de la zona, es sumamente preocupante esta decisión, porque avanza sobre el cambio del uso del suelo poniendo en riesgo la ruralidad de todo el paraje y agrava la emergencia hídrica. El Departamento Provincial de Aguas aseguró que hay un 50% menos de caudal de ríos y arroyos. La construcción de este centro comercial duplicará, al menos, la cantidad de tomas agravando la emergencia hídrica.
“Esta decisión es un retroceso”, dijo Rodrigo Vicente, secretario gremial de la CTA Autónoma. “La valorización inmobiliaria de nuestros recursos naturales y su uso comercial no hacen más que profundizar la concentración de la propiedad privada y la extranjerización de nuestra Patagonia”, agregó.
La CTA Autónoma de Río Negro puso el foco en una eventual connivencia entre el poder económico y político e hizo responsable al secretario de Producción, Fernando Malastina, sobre una decisión que viene siendo resistida desde hace muchos años por los habitantes de El Bolsón.
Para la CTA, esta resolución se enmarca en el avance que hace del Ejecutivo a favor de actores con peso económico a costa del impacto ambiental.
Por otro lado, la central de trabajadores fue muy crítica también sobre esta concesión que implicará la urbanización de 312 parcelas, mientras que la inclusión socio urbana de los barrios populares de El Bolsón se encuentra prácticamente estancada.
