La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma pidió al Ministerio de Salud, al Consejo de la Función Pública y al Ministerio de Economía de Río Negro, explicaciones sobre una eventual irregularidad en la relación contractual del ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra con la Provincia, luego que trascendiera su vínculo laboral con el Estado de Entre Ríos.
 
Rodríguez Lastra fue condenado por la Justicia de Río Negro en 2019 a un año y dos meses de prisión en suspenso y a dos años y cuatro meses de inhabilitación profesional, por incumplir con los deberes de funcionario público al continuar en abril de 2017 el embarazo de una joven que había iniciado un aborto no punible en el Hospital de Cipolletti.
 
De acuerdo a la información publicada en medios periodísticos, Rodríguez Lastra obtuvo del Ministerio de Salud de Entre Ríos una matrícula para desempeñarse como profesional desde septiembre de 2020 hasta 2025.
 
Para la CTA Autónoma, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y el Consejo de la Función Pública, órgano que regula las condiciones de empleo en el Estado de Río Negro, debieran determinar si Rodríguez Lastra no incurre en alguna irregularidad, al estar empleado simultáneamente en dos administraciones provinciales.
 
Rodríguez Lastra presenta en Río Negro una licencia de largo tratamiento desde el 14 de septiembre de 2018, ocho meses antes de afrontar el juicio que condenatorio, y un certificado psiquiátrico desde el 31 de julio de 2019. Esa licencia es renovada cada dos meses gracias a los dictámenes de una junta médica. Y continúa percibiendo el 100% de su salario, que en octubre fue de $83.429,68 netos.